Un total de 15.315 personas, la mayoría ciudadanos de Venezuela, se han beneficiado del permiso de residencia por razones humanitarias en lo que va de 2019, según datos del Ministerio del Interior facilitados a fecha 30 de agosto. El Gobierno activó el pasado mes de enero esta herramienta para autorizar la residencia y trabajo a aquellos ciudadanos venezolanos a los que se les haya denegado la protección internacional desde el año 2014.
El permiso, cuya duración es de un año y es prorrogable a dos, está contemplado en la Ley de Asilo y Refugio bajo la figura de ‘ayuda humanitaria’. Debido a la «compleja» situación que atraviesa el país, el Gobierno comenzó a concedérsela a los ciudadanos venezolanos que vieran rechazada su petición de asilo en la vía convencional.
Precisamente los venezolanos lideran el ranking de las nacionalidades de los solicitantes de asilo en España: desde el 1 de enero hasta el 30 de julio de 2019, unos 23.102 ciudadanos de Venezuela pidieron protección internacional en España, lo que supone la mitad de las 65.500 personas que la han pedido este año.
Teniendo en cuenta que Venezuela no está entre los países con mayores tasas de resoluciones favorables de asilo, Interior ha habilitó para los venezolanos esta herramienta, con el objetivo de «reducir el stock» de peticiones presentadas y pendientes de resolución.
CASI 25.000 EXPEDIENTES RESUELTOS
De acuerdo a los datos de Interior, entre enero y agosto la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) ha elevado a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) un total de 24.645 expedientes, prácticamente el doble de los que se resolvieron en todo 2018 (12.889).
Desde su llegada al Gobierno, el ministro Fernando Grande-Marlaska, expresó su intención de «reforzar» con más personal y medios la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) para agilizar el trabajo, si bien estos cambios aún no están consolidados y los avances en el número de expedientes resueltos responden más a un «esfuerzo adicional», tal y como señalan fuentes de Interior a Europa Press.
Estas mismas fuentes destacan, no obstante, el ritmo «muy superior» al que se están resolviendo los expedientes en comparación al año pasado. En 2018, se determinaron entre enero y diciembre un total de 12.899 solicitudes, es decir, de media al mes unas 1.074.
Por su parte, la secretaria de Estado de Migraciones en funciones, Consuelo Rumí, ha defendido la necesidad de abordar una reforma integral del sistema de acogida a solicitantes de protección internacional en España «que permita proteger a quienes tienen derecho a la protección internacional». En este contexto, advirtió de la falta de plazas y del «colapso» del sistema de acogida por parte de aquellos que piden asilo, sabiendo no son beneficiarios de dicha protección internacional.
«Las personas que emigran porque quieren una vida mejor, que es lícito, no son usuarias ni beneficiarias de protección internacional. Entre todos debemos de darles salida y soluciones, pero la solución no es solicitar asilo, porque lo que hacen, además, es colapsar un sistema que está diseñado para quienes verdaderamente tienen ese derecho», aseveró en un acto público con motivo del Día Mundial del Refugiado que se celebra el 20 de junio.
Fuente: cope.es