El Gobierno de Pedro Sánchez no sólo pretende actuar sobre la inmigración irregular, con medidas como incentivar la reagrupación familiar o reformar la gestión de los centros de internamiento (CIE), sino también sobre la llegada de inmigrantes legales.
En este sentido, el Ejecutivo apoya una revisión de la política migratoria de forma que “flexibilice las vías de la inmigración legal”. “Hay que reconocer y declarar públicamente, tal y como se hace en todos los demás países europeos, que España necesita, en varios sectores, inmigrantes legales”, se puede leer en el documento del PSOE en este ámbito.
El mismo texto señala que “el concepto demagógico de inmigración ‘cero’ es xenófobo, irreal y además ruinoso para los intereses nacionales del país”. “Ahora bien”, añade, “los canales de la inmigración legal han sido estos últimos años seriamente dificultados y los propios residentes han visto sus derechos restringidos. Por ello, es necesario implementar cauces de acceso legales y seguros”.
Así, el partido del Gobierno considera “urgente” retomar “la situación anterior a determinadas reformas de la legislación de extranjería —más restrictivas con los procesos de regularización masiva y las condiciones de reagrupación familiar— “y apostar por una política migratoria que flexibilice las vías de la inmigración legal en todas sus etapas, previendo también las posibilidades de ir y volver(visados de ida y vuelta)”.
El Ejecutivo también plantea redefinir las condiciones para el acceso a la nacionalidad, reduciendo el tiempo exigido —diez años— para que los inmigrantes puedan lograr la nacionalidad española.
Una nueva Ley de nacionalidad
El documento base de los socialistas en esta materia plantea “una reforma del acceso a la nacionalidad por residencia, que aporte una mayor coherencia entre la legislación de extranjería y el acceso a la nacionalidad por naturalización”.
Eso implica, según el PSOE, reducción del tiempo exigido de residencia para obtener la nacionalidad por considerarlo “excesivo en derecho comparado y exorbitante para determinadas realidades sociales”. “La reforma incluirá, asimismo, un procedimiento objetivado que haga imposible la valoración arbitraria de los requisitos sustantivos”.
En la actualidad, la legislación establece distintos plazos para obtener la nacionalidad española por la vía de la residencia. En el contexto general, se establece como requisito que ésta sea de diez años de manera “continuada e inmediatamente anterior a la petición”. Existen otros casos en los que ese tiempo se reduce. Por ejemplo, cinco años para quienes tengan la condición de refugiados o dos, para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.
“El acceso a la nacionalidad española por residencia, debe ser visto como corolario de un proceso de integración de las personas extranjeras en España”, consideran en el PSOE.
Así, plantean una Ley de nacionalidad “pues la adquisición de la nacionalidad comporta la plenitud de derechos de ciudadanía”.
Programas de “sensibilización”
Los socialistas ponen especialmente el foco en la “integración” de la población inmigrante, implicando en ello a la ciudadanía, para lo que se desarrollarán políticas de “sensibilización”.
En este contexto, señalan que hay que “dejar claro a la ciudadanía el reconocimiento del derecho a la integración, a la movilidad social de los y las inmigrantes, y éstos a su vez, también deben respetar las reglas de vida en común, los principios fundamentales del Estado de derecho, la necesaria separación de lo confesional y de lo político en el espacio público, de la igualdad de los géneros (principio innegociable bajo ningún concepto) y de la libertad confesional y personal”.
Artículo de prensa del periódico OK Diario, Luz Sela 15/8/2018