Los poderes públicos pueden justificar casi todo arguyendo el abstracto y difuso concepto de «interés general». Claro ejemplo de ello es el decreto-ley 6/2013 que acaba de publicar el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para «asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda». La polémica norma, aprobada el pasado martes, incluye dos medidas inéditas hasta ahora: