Desde hace dos años, más de 9.000 personas sufren el impago por parte del Gobierno venezolano. Han comenzado a acudir a los tribunales para desbloquear su situación. En Galicia ya hay 200 demandas.
Serafín Ruiz González, nacido en Santander, pero afincado ahora en Galicia, se marchó a Venezuela en 1949, donde trabajó como empleado de una empresa de química. Fue allí donde conoció a su esposa, la canaria Ornela Martín, que como tantos en las islas se fue en su juventud al país caribeño. Después de toda una vida cotizando, a los 90 años le ha tocado pelear para conseguir cobrar parte de su pensión. Y ha ganado. El impago por parte del gobierno de Venezuela desde hace dos años de las pensiones a quienes viven en el exterior ha llevado a los damnificados en España a movilizarse y, ante la falta de respuesta, a reclamar por la vía judicial.
“Es un tema muy triste, este colectivo queda muy desamparado”, señala su hija, María Fernanda, responsable de relaciones institucionales de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Galicia (APEJUVEG), que representa a 600 personas. Sólo en esta región hay 3.000 afectados, un tercio de los más de 9.000 que suman en total en España, según las asociaciones que los representan. La mayoría son emigrantes españoles retornados. Galicia y Canarias son las principales comunidades afectadas. “No hay esperanza de que Venezuela pague, los que se fueron están totalmente olvidados”, lamenta María Fernanda, que ha luchado para que su padre lograra tener un sustento. Serafín Ruiz no es de mucho hablar, confiesa su hija, pero el nonagenario asegura con voz rotunda por teléfono a este diario “la alegría grande” que sintió al conocer que un juzgado de Vigo le dio la razón y le permitió acceder a una pensión mínima. “Pensé que otros también ganarán”, asegura recordando al resto de personas que están en su situación.
El problema se remonta a finales de 2015, cuando el gobierno de Venezuela dejó de pagar a los pensionistas que se fueron del país. España y Venezuela tienen un convenio de prestaciones vigente desde los años noventa por el que las partes se comprometen a transferir la pensión en el país donde residan los beneficiarios. Sin embargo, Venezuela no ha notificado oficialmente este impago, lo que impide a los pensionistas recibir ayudas del Gobierno español. Tampoco los complementos para las pensiones que no llegan al mínimo para quienes hayan cotizado también en España como es el caso de Serafín, que cotizó unos años siendo repartidor con su bicicleta de productos de una droguería, antes de marcharse a Venezuela.
“En un 80% son retornados españoles, muchos nacidos en esta tierra. Lo que han hecho es, en la época peor que tuvo España, irse a Venezuela, vivir allá, contribuir con la recuperación española con lo que se podía, regresarse a su tierra con una pensión después de una vida ya hecha, solo para encontrarse que la pensión desaparece y a ellos se les tira al olvido”, lamenta el presidente de APEJUVEG, Andrés Varenkow, de 67 años.
La situación se complica aún más para este colectivo por el complejo sistema monetario venezolano. En un país que cerró el año pasado con una inflación del 4.000% y con un salario mínimo equivalente a seis dólares (4,8 euros) que da para comprar dos huevos al día, el Gobierno mantuvo hasta enero una tasa de cambio fija para calcular sus pensiones. Esto convertía la pensión mínima, al cambio oficial (no real) en 25.000 euros, un monto inviable que nunca nadie cobró. “Obviamente no nos van a pagar 25.000 euros, yo sería muy feliz de que así fuera, pero no va a pasar, no es realista”, dice Varenkow. El venezolano, casado con una pontevedresa a la que conoció en Caracas, con la que tiene tres hijos con doble nacionalidad y dos nietas gallegas, es ingeniero, trabajó en una de las principales empresas alimentarias en Venezuela (Polar) y fue profesor universitario. Ahora “debo seguir trabajando como sea porque en dos años y pico los ahorros se van”. Sin embargo, remarca, “hay personas muy mayores, solas, desasistidas, que están comiendo en el banco de alimentos de Cáritas, o son expulsados de su vivienda porque no pueden pagar”. Lo que piden al Gobierno español es que siga presionando a Venezuela para que pague sus pensiones y mientras tanto desbloqueen la situación permitiéndoles, de manera excepcional, acceder a las ayudas a las que podrían optar.
“No pedimos a España que tome el rol que no le corresponde sustituyendo a Venezuela”, asegura Varenkow. “Lo que estamos pidiendo es que sea una especie de crédito puente y ni siquiera para todo el mundo, que sea puramente humanitario, y que cuando Venezuela pague, que nunca ha dicho que no va a pagar, se le devuelve ese dinero, pero no pueden dejar a las personas tiradas en la calle”. En algunas de las regiones más afectadas, como Canarias, ya se ha puesto en marcha una ayuda social temporal. Asturias han asistido a cerca de 200 familias; Cataluña a una docena y en Aragón han abierto una renta social, que permite parcialmente ayudar a las familias.
Los pensionados no descansan. Miembros de la organización han mantenido reuniones con una veintena de representantes políticos de la Xunta de Galicia, dirigentes de partidos políticos, incluso les recibió la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) Paula Roch Heredia. Los afectados lamentan que la atención que reciben durante sus reuniones no se transforma en acciones. Han pedido también una reunión con la ministra Fátima Báñez. De momento, no han obtenido respuesta. También se han manifestado frente a los consulados y han enviado una carta al embajador Mario Isea —La Embajada de Venezuela no contestó a consultas de este periódico sobre este caso, en el momento de publicar este artículo—. El presidente, Nicolás Maduro, se comprometió hace unos meses en una entrevista con un canal de televisión español a pagar las pensiones a los venezolanos en España. El mandatario afirmó que antes de acabar 2017 se resolvería. Cinco meses más tarde la situación sigue estancada.
Desde el ministerio español sostienen que la Seguridad Social “tiene que implementar con extremo cuidado las posibles soluciones” por su complejidad legal. En este sentido, señalaron que el convenio no recoge la posibilidad de que una de las partes no cumpla y advierten que “modificar la legislación que permitiera asumir el pago de la pensión no abonada por otro país, abriría la puerta a que ciudadanos de cualquier país reclamaran al Estado español el pago de las pensiones que los Gobiernos propios dejan de cumplir”. Las asociaciones de afectados saben que España se enfrenta además a las reivindicaciones de los jubilados, que recientemente salieron a las calles para reclamar “pensiones dignas”, con subidas al ritmo de la inflación, por eso se muestran dispuestos a alcanzar un acuerdo “en cuyos términos inclusive se puede contemplar el reembolso de los recursos en caso de que Venezuela comience a pagar de nuevo, además de incorporar una fecha de corte, para que solo aplique a los que ya residen en suelo español, evitando el temido efecto llamada para que otros sigan el ejemplo”.
Fuente: Periódico “El País”