El Gobierno ha aprobado este viernes un plan de retorno para emigrantes españoles con el que pretende que vuelvan a establecerse en el país un total de 23.000 personas al final del periodo, en 2020. El programa, nombrado ‘Un país al que volver’, cuenta con una dotación presupuestaria de 24,2 millones de euros para este 2019 y el próximo año, según ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
La medida, en la que han participado comunidades autónomas, municipios y los sindicatos y la patronal, sale adelante a un mes de las elecciones generales. La ministra Celaá ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy la gran cantidad de personas, muchas de ellas jóvenes pero no solo, que se marcharon de España durante la crisis económica «en búsqueda de oportunidades que no encontraban en su país».
Los datos sobre emigración son difíciles de cuantificar, ya que muchas de las personas que se establecieron en otros países seguían empadronados en España y no se registraban en los consulados españoles correspondientes. El plan de retorno –al que ha tenido acceso eldiario.es– recuerda que en 2009, al comienzo de la crisis, había 1.471.691 españoles residiendo en el exterior y en enero de 2019 la población española residente en el extranjero asciende a 2.545.729 personas.
Por tanto, la población española en el exterior aumentó en estos años en más de un millón de personas, muchas de ellas que se marcharon «cargadas de talento» al exterior, ha afirmado la portavoz del Ejecutivo.
El plan de retorno pretende, en un primer momento, atraer a unos 10.000 emigrantes que ya han manifestado su interés de volver a establecerse en España –ha apuntado Celaá– y, al final del programa, que el número total de españoles que se regresen sea de 23.000 personas. La cifra, reducida en comparación con ese millón de personas que subraya el plan de retorno del Ejecutivo, es «el tamaño que consideramos que podemos abarcar con el presupuesto del programa de 24,2 millones, para los años 2019 y 2020», ha apuntado la ministra.
A las preguntas sobre si el objetivo del Ejecutivo era modesto en comparación con la cantidad de personas que salieron del país, Celaá ha defendido que el Gobierno «ha iniciado un camino», pero que carece de la capacidad «logística y mucho menos económica» para recuperar a ese millón de personas. «Tampoco sabemos si todos quieren volver», ha precisado.
Becas de investigación y ayudas
El plan incluye un total de 50 medidas para fomentar el regreso de esta población emigrante, entre las que la ministra ha destacado una ventanilla única «informática»para dar información y responder a las preguntas de los interesados en participar en este programa de retorno, así como una tarifa plana de 60 euros en la cuota que pagan los autónomos a la Seguridad Social, para aquellas personas que deseen emprender.
Para impulsar el emprendimiento de negocios o actividades de los emigrantes, el programa dota con 63.000 euros «facilitar la incorporación a plazas de coworkings (espacio de trabajo compartido para diferentes proyectos profesionales)». Con la medida se pondrá a disposición de los retornados «la red de espacios que la Escuela Organización Industrial dispone por todo el territorio español».
Se habilitará un «servicio de mediación laboral», en septiembre de este año, que prestará «un asesoramiento personalizado» a los emigrantes en su búsqueda de empleo. Para la coordinación con los servicios autonómicos «se creará un grupo de 20 personas especializadas en la Secretaría de Estado de Migraciones», recoge el programa. Se contempla también «un servicio de asesoramiento especializado en derechos laborales», para resolver las dudas de los emigrantes en materia de legislación.
También se contemplan «10,7 millones en becas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva» del Ministerio de Ciencia, ha afirmado Celaá, «que se traducen en unas 30 ayudas» en estas dos modalidades de becas, de 5 años y de dos años, respectivamente, para la investigación postdoctoral. Con la medida, se pretende recuperar «el talento que se fue y que fue formado en España, ahora con la experiencia de haber vivido en el extranjero», ha afirmado la ministra portavoz.
Además, se fomentará la publicación de las ofertas de trabajo para investigadores y docentes de instituciones españolas académicas y de investigación «en una única plataforma».
Para facilitar la vuelta de personas que hayan cursado estudios en el extranjero en estos años fuera, el plan contempla «agilizar los plazos y reducir el coste del proceso de homologación de títulos académicos para que deje de ser una barrera para el retorno».
Facilitar el acceso al sector público
La incorporación al empleo en la administraciones e instituciones públicas es otra de las materias que aborda el plan, que se compromete a «mapear los diferentes procesos de acceso a la oferta de empleo público, para posibilitar la realización de todos los trámites de manera telemática» para enero de 2020.
Esa es la meta también para «articular un sistema de valoración de la experiencia en el sector público en el extranjero». La intención es que este trabajo previo de los emigrantes «se valore en igualdad de condiciones en cuerpos cuyo sistema de acceso sea el de concurso-oposición». Eso sí, esta medida está condicionada: se deberá regir «por el principio de reciprocidad con las administraciones extranjeras correspondientes», recoge el programa.
Fuente: Prensa digital diario.es del 23 de marzo de 2019