La subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, y la directora general de Política Interior, Carmen López, han presentado este martes al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, un balance de las reformas que llevan aplicándose un año en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) para impulsar la resolución de los expedientes de protección internacional acumulados.
Estas reformas, que parten del análisis de los problemas de la OAR detectados en julio de 2018, han permitido un notable incremento en la resolución de expedientes. En concreto, a la reunión celebrada en junio por el órgano responsable de proponer las resoluciones de protección internacional, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), se elevaron 5.981 expedientes. Junto a los 8.952 elevados desde principios de 2019, este año se ha alcanzado la cifra de 14.933 expedientes en seis meses, un total de 2.044 expedientes más que todo lo elevado durante 2018 (cuando fueron elevados 12.889 expedientes a lo largo de 12 meses). Esto supone un incremento del 16 por ciento respecto al total del año pasado.
Las medidas adoptadas por la OAR para lograr esta mejora en su funcionamiento se han centrado en varias áreas de trabajo: recursos humanos, tecnologías de la información y de las comunicaciones, transparencia y visibilidad, y calidad del procedimiento. Las medidas dirigidas a solucionar la situación administrativa de los ciudadanos de Venezuela requieren un apartado específico puesto que en la actualidad son los mayores demandantes de protección internacional.
a) Recursos humanos:
El pasado día 27 de julio el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 6/2018, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados, a través del que se ha provisto con 231 puestos nuevos a la OAR. Este Real Decreto-ley fue convalidado por el Congreso el pasado 6 de septiembre.
Con ello, se ha multiplicado por cinco el número de puestos empleados públicos destinados en la OAR ya que dicho número (57) no se había modificado desde 1992, año de creación de la Oficina.
Actualmente, se está produciendo una cobertura provisional con funcionarios interinos procedentes de bolsas generadas con procesos selectivos.
b) Tecnologías de la información y de las comunicaciones:
La actual aplicación que utiliza la OAR para la resolución de peticiones de protección internacional data de 2006, por lo que puede considerarse obsoleta funcional y técnicamente. Por ello, en de julio de 2018, se iniciaron los trámites para la contratación del diseño y desarrollo de una nueva aplicación informática que permita atender todas las exigencias en la gestión y tramitación de expedientes así como la explotación de datos consistentes y fiables.
A la espera de que esa nueva aplicación esté disponible, se han ejecutado actuaciones de mantenimiento del sistema informático actual como medida de garantía para el buen funcionamiento de la oficina.
Este mantenimiento ha permitido mejoras; entre otras, disminuir de forma importante los plazos desde la propuesta de resolución adoptada en la CIAR hasta la firma de la misma.
c) Transparencia y visibilidad:
Se ha creado un espacio para OAR en un lugar destacado de la home de la web institucional del Ministerio del Interior; con ello, se ha mejorado la presencia y visibilidad de la OAR.
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio
Paralelamente, se ha incluido en este espacio OAR en la web ministerial un apartado dedicado a la difusión de datos e información estadística relevante.
d) Calidad del procedimiento:
Entre ellos destaca el nuevo sistema de guardias durante los sábados y días no laborables implantado por la OAR con el objetivo de que no haya más de 24 horas sin servicio.
e) Acciones específicas en el caso de ciudadanos venezolanos:
El pasado mes de enero el Gobierno de España informó de su intención de conceder la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales (artículo 125 Reglamento LOEX) a aquellos venezolanos a los que se les denegase la protección internacional con valor retroactivo desde 2014.
Los expedientes de protección internacional de ciudadanos venezolanos son instruidos y elevados a la CIAR, y en los casos en los que ésta reconoce y aprueba una resolución denegatoria, al mismo tiempo propone la concesión de una residencia por motivos humanitarios de protección internacional.
A lo largo de 2019 se han resuelto favorablemente 7.718 expedientes de residencia temporal por razones humanitarias, la mayoría de los cuales corresponde a ciudadanos venezolanos. Sólo en la CIAR de junio se resolvieron favorablemente 4.329 autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, de las cuales 4.300 corresponden a venezolanos
Para que el mayor número posible de solicitantes de asilo venezolanos puedan acogerse a esta autorización en el menor plazo posible, la OAR está acelerando la resolución de sus expedientes. Este criterio, basado en la eficiencia de los recursos públicos, permitirá reducir el stock de resoluciones pendientes y acelerará las peticiones posteriores.
Para este fin ha elaborado un nuevo modelo de resolución que permite mayor eficiencia en la gestión reduciendo de tiempos de tramitación.
Además, sobre la aplicación informática actualmente existente, se ha programado un nuevo módulo ad hoc para la tramitación (que permite mayor uniformidad por semejanza de alegaciones y criterios) de expedientes del colectivo de los ciudadanos venezolanos.
Fruto de estas medidas, junio de 2019 ha sido el primer mes en el que el número de expedientes de ciudadanos venezolanos elevados a la CIAR ha superado al número de solicitudes recibidas de ese colectivo.
Recomendaciones del Defensor del Pueblo
El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, anunció a su llegada al departamento en julio de 2018 una reforma de la OAR al constatar que ésta se encontraba «en un estado lamentable», sin recursos humanos ni técnicos suficientes para gestionar un número de solicitudes que se ha multiplicado por 12 desde su creación en 1992.
Las medidas presentadas este martes por las responsables de la Oficina están permitiendo solucionar el atasco detectado en las tramitaciones, que Marugán ya denunció en su Informe Anual de 2017, en el que afirmaba que el sistema para los solicitantes de protección internacional «no ha sido capaz de planificar las medidas de choque necesarias ante el aumento exponencial de solicitudes en un período corto de tiempo».
Para diseñar este paquete de medidas se han seguido las recomendaciones del Defensor del Pueblo, y también se han atendido las sugerencias de organismos como ACNUR y de ONG como CEAR, ACCEM, Amnistía Internacional y Cruz Roja.
Fuente: Ministerio del Interior, Madrid, 16/07/2019 (http://www.interior.gob.es)